La Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, resaltó una disminución de más del 95 % en la deforestación registrada en los 12 parques nacionales amazónicos durante el primer trimestre de 2023.
“Durante el primer trimestre de 2022, se deforestaron 9,260 hectáreas en los 12 parques de la Amazonía colombiana, mientras que en el mismo período de 2023 se perdieron 393 hectáreas. Esto representa una reducción muy significativa y está relacionada con el proceso de acuerdos sociales con los campesinos que ocupan áreas naturales protegidas“, afirmó la Ministra Muhamad.
En el transcurso del año 2022, la deforestación en toda Colombia experimentó una reducción cercana al 10 %. En la región amazónica, la pérdida de bosques se redujo en un 25 %, según datos preliminares de deforestación informados por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
“Esperamos que la cifra de hectáreas deforestadas disminuya por debajo de las 158,000. Esto es un buen indicador del cambio de estrategia del gobierno de Gustavo Petro. Debemos continuar trabajando para consolidar la tendencia a la baja“, afirmó Muhamad.
La ministra de Ambiente destacó la necesidad de avanzar con los acuerdos sociales en estas regiones del país, tal como se ha hecho en los departamentos de Caquetá, Guaviare y sur del Meta. “Si no lo hacemos, podríamos enfrentar una situación en la que logramos contener relativamente la deforestación en la Amazonía, pero comenzamos a tener afectaciones significativas en otros núcleos del país“.
Estos acuerdos sociales de conservación con las comunidades tienen como objetivo la consolidación de la economía forestal y la protección de la biodiversidad.
Estos acuerdos son parte integral del Plan de Contención de la Deforestación implementado por el gobierno de Gustavo Petro. Además, este plan incluye otras cuatro estrategias complementarias.
En primer lugar, se busca incorporar la problemática de la deforestación en el proyecto Paz Total del gobierno, el cual contempla una ley que otorga facultades al Presidente, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno para llevar a cabo negociaciones con grupos armados ilegales en el país.
En segundo lugar, se ha desplegado a la Fuerza Pública en los territorios afectados para combatir la deforestación.
En tercer lugar, se está fortaleciendo la investigación criminal con el fin de identificar los factores que impulsan la deforestación.
Por último, se busca incrementar la presencia del Estado en los territorios a través de sus entidades correspondientes.
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