Si pensaban que el presidente Petro se iba a rendir después de que se hundiera la reforma a la salud, están muy equivocados.

Ahora, el gobierno del presidente Petro anuncia que emitirá un acto administrativo para abrir la dinámica de giro directo al régimen contributivo.

Con esto, la ADRES entregará recursos directamente a los hospitales y clínicas, sin necesidad de pasar por las EPS.

Todo lo mencionado fue confirmado por el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

VIDEO (MINISTRO DE SALUD GUILLERMO JARAMILLO)

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El decreto comenzaría a regir en los próximos 3 meses y tendría un impacto directo en el 80 por ciento de todo el régimen subsidiado y en las EPS del régimen contributivo que no cumplan con el capital.

Asimismo, Jaramillo explicó que se están elaborando otros decretos relacionados con el sistema de salud, en total unos nueve.

Uno de ellos buscará reactivar los promotores de salud, “algo que funcionó bastante bien y que necesitamos muy especialmente para que puedan coadyuvar en el esfuerzo de los equipos básicos que están llegando a toda la territorialidad y, muy especialmente, a los diferentes sectores del país“.

Esta noticia es un rayo de esperanza para el sistema de salud en Colombia.

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La Fiscalía General de la Nación ha anunciado la apertura de una investigación sobre las irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de varias EPS en el sector de la salud.

Esta medida busca esclarecer el destino de los fondos destinados al pago de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos entregados por la Adres para tecnología y servicios no incluidos en la UPC.

El anuncio se hizo durante una reunión en la Contraloría General de la República, con la participación del contralor (e) Carlos Mario Zuluaga y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La Contraloría presentó un informe que sugiere desviaciones en la asignación de recursos de las EPS, según lo estipulado por la ley.

Esta investigación de la Fiscalía implica la obtención de documentación para analizar posibles malos manejos en los recursos del Gobierno destinados a la atención en salud.

Es importante recordar que hace unos días las declaraciones de la exministra de salud, Carolina Corcho, quien alertó sobre la presunta pérdida de fondos públicos entre las EPS.

En su presentación, Corcho expuso que más de $13 billones de recursos públicos destinados a la salud estarían en juego, especialmente señalando a la Nueva EPS por tener más de $6 billones que no se habrían utilizado adecuadamente según su destino original.

VIDEO (CAROLINA CORCHO)

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El presidente Gustavo Petro compartió estas preocupaciones, haciendo hincapié en lo que calificó como “falsa contabilidad” dentro de la Nueva EPS, alegando que los $6 billones entregados por el gobierno para la atención en salud de sus afiliados no habrían sido utilizados para dicho fin.

Ahora, la investigación de la Fiscalía deberá determinar la veracidad de estas acusaciones y las acciones correspondientes en caso de encontrar irregularidades.

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El gobierno bajo la dirección del presidente Petro continúa su arremetida contra el narcotráfico, evidenciado por un aumento del 31,8% en la incautación de cocaína durante el período comprendido entre enero y marzo de 2024, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

El mandatario Petro anunció con orgullo la reciente incautación de casi tres toneladas de cocaína por parte de las fuerzas policiales, destacando que esta acción es parte de una estrategia integral para debilitar las estructuras criminales.

VIDEO

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En sus palabras: “Incautar más y más, para debilitar el crimen. Como lo afirmé: no se trata de hostigar a jóvenes en los barrios, sino de decomisar toneladas y capturar a los capos“.

Este enfoque ha demostrado su eficacia, como lo demuestra el récord histórico alcanzado por el gobierno en 2023, cuando se incautaron más de 739 toneladas de cocaína.

Con el ritmo actual, se espera que este año el gobierno supere su propio récord, lo que subraya el compromiso continuo de la administración con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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El presidente Petro ha anunciado una modificación crucial al decreto 4433 de 2004, con el objetivo de mejorar las condiciones de los soldados voluntarios e infantes de marina voluntarios en Colombia, particularmente en lo que respecta a las pensiones por invalidez.

Esta modificación, que ha sido propuesta y publicada en el sitio web del Ministerio de Defensa el 5 de abril, busca elevar el porcentaje de la pensión por invalidez del 75% al 100% para este grupo específico de servidores públicos.

Para el presidente Petro, esta actualización del artículo 32a del decreto representa un paso significativo en el reconocimiento y apoyo hacia aquellos que han dedicado sus vidas al servicio del país y que, lamentablemente, han sufrido lesiones o incapacidades durante su servicio.

Además de brindar un aumento sustancial en las pensiones, esta medida también pretende ser una manifestación concreta de los valores de justicia y gratitud hacia el sacrificio y la dedicación de los miembros de las fuerzas armadas colombianas.

Es importante destacar que, a lo largo de las décadas, la retórica de la extrema derecha ha estado llena de promesas de defensa y apoyo hacia los militares.

Sin embargo, en la práctica, dichas promesas rara vez se han traducido en acciones concretas en beneficio de estos valientes servidores.

Esta disparidad entre palabras y acciones evidencia una hipocresía latente en el discurso político.

En contraste, el gobierno del presidente Petro se ha destacado por su compromiso genuino con el bienestar de los militares colombianos.

Esta modificación al decreto 4433 de 2004 es solo un ejemplo de los esfuerzos continuos de este gobierno por brindar un apoyo real y significativo a aquellos que han dedicado sus vidas a proteger y servir a la nación.

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Hace un año, informamos sobre el inicio de un plan liderado por el presidente Petro, en el cual se encomendaba a las Juntas de Acción Comunal la responsabilidad de llevar a cabo la construcción, reparación y mantenimiento de las vías terciarias del país.

Hoy, los resultados de este experimento son claros: el gobierno del presidente Petro ha firmado más de 1.000 convenios con Juntas de Acción Comunal (JAC) para la realización de vías terciarias, de los cuales 800 ya se encuentran en ejecución.

Estas obras se extienden por departamentos como Boyacá, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Quindío, según lo confirmado por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Estos convenios, desarrollados en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, tienen como objetivo mejorar las condiciones de movilidad en 2.000 kilómetros de vías terciarias en todo el país.

Es un esfuerzo significativo para llevar infraestructura básica a comunidades que han sido históricamente marginadas en términos de conectividad.

El compromiso del gobierno del presidente Petro es continuar trabajando en este camino, llegando incluso a los territorios más apartados con soluciones que mejoren la transitabilidad y la conectividad para todos los colombianos, independientemente de su ubicación geográfica.

Este enfoque busca no solo mejorar la infraestructura vial, sino también promover el desarrollo inclusivo y equitativo en todas las regiones del país.

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