El Estado Mayor Central (EMC), bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, emitió un comunicado en el que niega cualquier implicación en el tráfico de drogas.
Afirmaron que su actividad se limita a imponer un tributo por la circulación de ciertas mercancías, como la base de coca y la cocaína, en las zonas que controlan.
Este comunicado marca un precedente significativo, siendo la primera vez que un grupo insurgente se queja abiertamente ante un gobierno sobre asuntos financieros.
Esto refleja la presión que el gobierno del presidente Petro está ejerciendo sobre ellos, evidenciada por las constantes incautaciones de toneladas de cocaína.
Además, en una operación sin precedentes, el presidente Petro ordenó al Ejército tomar el control del cañón de Micay, crucial por ser ruta del 70% del tráfico de cocaína.
Esta acción ha resultado en protestas y quejas públicas por parte de los grupos criminales hacia el gobierno de Petro.
En respuesta a estos desafíos, el gobierno del presidente Petro ha reafirmado su compromiso de continuar atacando las finanzas de estos grupos criminales, buscando debilitar su capacidad operativa y desmantelar sus redes de tráfico de drogas.