Hace una semana, el Consejo de Estado suspendió la norma que permitía al gobierno del presidente Petro firmar convenios directos con las juntas de acción comunal.
Con esta decisión, las juntas de acción comunal ya no podrán contratar con el Estado ni construir las carreteras terciarias.
En el día de hoy, nos proponemos demostrar cómo diferentes regiones de Colombia, lideradas por las Juntas de Acción Comunal, han estado construyendo y manteniendo estas vías terciarias de forma eficiente y económica.
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Es importante resaltar que el costo de estas obras es considerablemente inferior al que implicaría contratar a grandes empresas constructoras.
Es evidente que los magistrados responsables de esta decisión nunca han experimentado las condiciones reales de las comunidades rurales colombianas.
Mientras ellos disfrutan de las comodidades de las grandes ciudades y de viajes internacionales costeados por el erario público, los campesinos se enfrentan diariamente a carreteras llenas de lodo, luchando por sacar adelante sus productos agrícolas.
Es un contraste marcado entre quienes deciden desde sus despachos y aquellos que sufren las consecuencias en el terreno.
Las palabras del presidente Petro son claras al señalar que esta medida solo favorece a la corrupción y obstaculiza el empoderamiento del pueblo.
¿Por qué tanto temor a fortalecer la participación ciudadana en la gestión de los recursos y proyectos públicos?
Esta pregunta queda en el aire, mientras las élites mantienen su posición privilegiada y distante del verdadero sentir y necesidades del pueblo.
Es innegable que las élites y los poderes establecidos siempre han sentido temor ante el potencial de movilización y cambio que representa el pueblo organizado.
Sin embargo, es en este empoderamiento donde reside la verdadera fuerza para transformar la realidad y construir un país más justo y equitativo.