Se ha revelado que la Fiscalía imputará cargos a 25 militares por la masacre ocurrida en El Remanso, Putumayo. La imputación incluirá a un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados. Estos cargos se deben al crimen de 11 civiles que perdieron la vida en el incidente.

El exministro de Defensa, Diego Molano, fue uno de los principales defensores de esta masacre.

Sin titubear, Molano afirmó que el operativo en El Remanso, Putumayo, no estaba dirigido a campesinos inocentes ni a indígenas, sino a disidencias de las FARC y narcococaleros.

Según él, la acción militar fue llevada a cabo contra criminales que habían atacado a los soldados y la describió como una “operación legítima” en defensa de los colombianos.

Sin embargo, ahora se ha descubierto que la Fiscalía imputará a 25 militares por el asesinato de 11 civiles, lo que contradice la versión de Molano.

¿La Fiscalía a cargo de Barbosa actuará e investigará a Molano? Como Ministro de Defensa, Molano defendió unos falsos positivos y respaldó una masacre que cobró la vida de 11 personas inocentes.

El operativo llevado a cabo en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, tenía como objetivo capturar o neutralizar a alias ‘Bruno’, uno de los líderes de las disidencias encabezadas por alias ‘Iván Márquez’. Sin embargo, terminó en la muerte de miembros de una comunidad indígena.

La Fiscalía imputará a los militares involucrados los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en grado de tentativa.

Como resultado, se ha solicitado la medida de aseguramiento para los 25 uniformados implicados en dicho operativo.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha solicitado desde agosto de 2022 un informe completo sobre el progreso de las investigaciones y un plan para mejorar los resultados en el esclarecimiento de los homicidios de excombatientes de las FARC y sus responsables. Sin embargo, varios puntos aún no han sido entregados.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha criticado duramente a la Fiscalía después de constatar que esta entidad no ha cumplido con la entrega de diversos informes relacionados con las investigaciones para esclarecer los asesinatos de exguerrilleros y los responsables de dichos crímenes.

Según la magistratura, desde el 18 de agosto de 2022 se solicitó a la Unidad Especial de Investigación (UEI) que proporcionara distintos documentos relacionados con la estrategia para identificar y llevar a juicio a los asesinos de los exguerrilleros. Sin embargo, hasta la fecha, cerca de un año después de las órdenes, varios de los puntos solicitados siguen sin ser entregados, incluso la Sección ha incluido la palabra “informes” entre comillas.

“Tras analizar y presentar la información, de acuerdo con los antecedentes de esta decisión, queda claro que la Unidad Especial de Investigación (UEI) ha entregado informes repetitivos y no ha cumplido totalmente con las órdenes emitidas por la Sección“, criticó duramente la magistratura.

Ante esta situación, se ha dado un plazo perentorio de 20 días a la Fiscalía para que entregue la información pendiente.

Entre los informes solicitados se encuentran, por ejemplo, los resultados y avances en las investigaciones sobre los homicidios de exguerrilleros y exintegrantes de la Fuerza Pública que están bajo la jurisdicción de la JEP.

“El informe debe incluir el estado de cada una de las investigaciones, los presuntos responsables materiales y los autores intelectuales o determinantes“, indicaron los jueces transicionales.

Además, la Fiscalía deberá proporcionar el número de casos y el estado actual de las investigaciones de comparecientes forzosos ante la JEP que han sido asesinados y que previamente habían presentado denuncias por otras victimizaciones.

Adicionalmente, se requerirá que la Fiscalía muestre las cifras sobre el estado de las medidas de protección en favor de los reincorporados que hayan denunciado ser víctimas de amenazas, lesiones personales, tentativas de homicidio, hurto y hostigamientos.

Este punto en particular deberá ser coordinado con la UNP. También deberán detallar el plan de mejora en el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los crímenes.

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Hoy comienza el debate sobre la reforma de salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, marcando el segundo “round” del proyecto gubernamental en el Legislativo.

Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza han suscitado controversia al presentar una proposición para archivar la reforma a la salud, sin mostrar ninguna reserva o vergüenza al hacerlo.

Estas congresistas, quienes fueron elegidas con base en ideales de izquierda, ahora están demostrando ser aliadas de la ultraderecha, lo cual resulta incoherente.

Es difícil de imaginar cómo se puede realizar una campaña electoral promoviendo el progresismo y luego, una vez obtenidos los votos de la izquierda, votar en el Congreso como si se perteneciera al Centro Democrático.

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