“Dejaré muchísimos Zapateiros”, afirmó Zapateiro el 12 de julio de 2022.
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A raíz de esta declaración, el gobierno del presidente Petro se encuentra actualmente comprometido en la captura de individuos corruptos dentro del ejército, llevando a cabo acciones para limpiar la honorabilidad del Ejército.
En los últimos días, se han efectuado un total de 15 capturas.
En una reciente operación, fueron detenidos Pablo Mateus López y José Ignacio Rodríguez Naranjo, quienes mantenían vínculos con el fuerte de Tolemaida del Ejército.
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Se les acusa de participar en la obtención ilegal de partes de armas que terminaban en manos de sicarios y disidencias de las FARC.
Además, se capturaron a 13 militares activos y retirados que estaban involucrados en la tramitación ilícita de libretas militares.
Entre los detenidos, se encontraban tres oficiales y dos suboficiales activos del Ejército Nacional, dos oficiales, tres suboficiales y tres soldados profesionales de la reserva o retirados, así como un civil.
En relación con el tema de armas, el general Helder Fernan Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, expresó su pesar al señalar que “lamentablemente tenemos personal de Fuerzas Militares que ha caído en ese tipo de delitos de venta y tráfico de municiones“.
Pablo Mateus López y José Ignacio Rodríguez Naranjo enfrentarán ahora cargos ante la justicia por la acusación de obtener ilegalmente partes de fusiles, ametralladoras, pistolas y revólveres en el fuerte militar de Tolemaida, en Nilo (Cundinamarca).
Estas partes eran posteriormente trasladadas a talleres improvisados para su ensamblaje.
Los acusados no aceptaron los cargos y serán sometidos a medidas de aseguramiento privativas de la libertad en un centro carcelario.
En cuanto al caso de los 13 militares capturados por corrupción, estas detenciones han permitido desmantelar una red criminal al interior del Ejército dedicada a la expedición irregular de libretas militares.
Según la Fiscalía, la red ilegal tenía roles específicos, incluyendo el reclutamiento de ciudadanos a través de mensajes por redes sociales, con tarifas que variaban entre 900.000 y cinco millones de pesos.
Tras la captura de estos cinco militares activos, ocho retirados y un civil, serán presentados ante las autoridades judiciales para enfrentar imputaciones por delitos como concierto para delinquir, uso abusivo del sistema informativo y falsedad en documento público.
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