Gracias a la implementación de la reforma tributaria bajo el gobierno del presidente Petro, Colombia experimentará un cambio significativo en la persecución de la evasión fiscal.
La Corte Constitucional anunció el respaldo a la medida este martes 6 de febrero, confirmando la inclusión de penas de cárcel para aquellos que evadan el pago de impuestos, como estaba contemplado en la Ley 2277 de 2022 propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.
El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, compartió la buena noticia a través de su cuenta de X, destacando que se penalizará la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes.
Esta medida busca fortalecer los tipos penales relacionados con delitos fiscales, contribuyendo así a preservar la integridad del recaudo tributario y prevenir el daño causado por la evasión.
La norma aprobada establece penas de cárcel de cuatro a nueve años para quienes, en sus declaraciones de renta, omitan activos, declaren un valor inferior de los activos o incluyan pasivos inexistentes, siempre que superen los 1.000 salarios mínimos, equivalente a $1.300 millones con el mínimo vigente.
Adicionalmente, se establecen incrementos proporcionales en las
penas para casos de evasión que superen los 2.500 salarios mínimos, alcanzando hasta los 5.000 salarios mínimos, y aumentando aún más para montos que superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La Corte respalda estas disposiciones al considerar que cumplen con criterios de conexidad temática, causal, teleológica y sistemática, formando parte integral de la Ley 2277 de 2022.
En el gobierno del presidente Petro experimentamos un periodo gubernamental que se distingue por su enfoque en favor del conjunto de la sociedad colombiana, en contraposición a anteriores administraciones que parecían priorizar los intereses de la élite.
Este nuevo gobierno, un “gobierno del pueblo”, sigue destacando su compromiso con la representación equitativa y la atención a las necesidades y aspiraciones de la población en general.
Este cambio en la orientación gubernamental busca construir un sistema más inclusivo y orientado hacia el bienestar colectivo, buscando reducir las brechas sociales y fomentar una participación ciudadana activa en la toma de decisiones.
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