Una vez evidenciado que la Corte Suprema se ve influenciada por los intereses más poderosos del país, evidenciando su disposición a someterse al mejor postor y favorecer a los clanes familiares con acusaciones de nexos con el narcotráfico.
En este contexto, la Corte Suprema emite la orden de trasladar a Arturo Char Chaljub desde el centro penitenciario La Picota en Bogotá al Batallón del Ejército en Barranquilla.
Este movimiento se lleva a cabo en el marco del proceso judicial que enfrenta Chaljub ante el alto tribunal por presunta compra de votos, denunciada por la excongresista Aída Merlano.
Las acusaciones contra Arturo Char apuntan directamente a su participación en delitos dirigidos a socavar la democracia mediante la compra de votos.
Este traslado plantea una interrogante válida: ¿si un ciudadano común comete un delito y solicita ser trasladado a un batallón, la Corte Suprema accedería?
La respuesta, según los eventos recientes, parece ser negativa, revelando así la selectividad y corrupción presentes en la institución judicial.
La situación se agrava al recordar casos emblemáticos como el Cartel de la Toga y el reciente escándalo de corrupción protagonizado por el Magistrado Francisco Farfán, quien enfrenta acusaciones de favorecer a clanes como el Clan Gnecco.
Estos ejemplos concretos refuerzan la percepción de que la Corte Suprema está lejos de ser una entidad imparcial y, más bien, se inclina hacia la venta de decisiones judiciales al mejor postor.
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Por que a Aida merla o no le dan el mismo tratamiento a pesar que es mujer