El presidente Petro, al enterarse del escándalo que involucra a la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, actuó rápidamente y ordenó a la funcionaria regresar a Colombia de su viaje a España.
Se dice que el presidente Gustavo Petro le solicitó a la ministra preparar su carta de renuncia a dicha cartera.
Esta medida fue tomada en respuesta a las acusaciones de corrupción que pesaban sobre la ministra y como parte de la postura firme del presidente Petro en contra de cualquier forma de corrupción en su gobierno.
Cuando el presidente Petro asumió el cargo el 7 de agosto de 2022, envió un mensaje claro a todos los funcionarios públicos: no habrá tolerancia hacia prácticas corruptas o abusos de poder.
A diferencia de los gobiernos anteriores, el presidente Petro no estaría dispuesto a defender a aquellos que estuvieran involucrados en conductas corruptas y no dudaría en despedirlos si surgieran dudas al respecto.
En el pasado, durante el gobierno de Uribe, surgió un escándalo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el que Jorge Noguera, ex director del organismo, fue acusado de utilizarlo en beneficio de los paramilitares.
Ante estas acusaciones, Uribe salió en defensa de Noguera y lo envió al consulado de Milán.
Sin embargo, la distancia de encontrarse en Europa no fue suficiente para evitar las consecuencias de sus polémicas acciones durante los tres años que estuvo al mando del DAS.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años de prisión al encontrarlo culpable de delitos como concierto para delinquir agravado, el homicidio del profesor Alfredo Correa De Andreis, la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, y la revelación de asuntos sometidos a secreto.
En el momento de la condena, ya Uribe automáticamente dejo de defenderlo y afirmó que todo había ocurrido a sus espaldas.
El enfoque del presidente Petro difiere notablemente del enfoque de Uribe.
A diferencia de Uribe, el presidente Petro no vacilará en tomar medidas drásticas al enfrentar cualquier indicio de corrupción dentro de su gobierno.
La promesa de Petro de no vacilar en despedir a aquellos funcionarios sospechosos de corrupción es un paso crucial hacia una gestión gubernamental más ética y responsable.
Con esta postura, el presidente Petro busca enviar un mensaje contundente sobre su compromiso en la lucha contra la corrupción y su determinación en mantener la integridad y transparencia en su administración.
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Uribe ya cuenta con al menos 14 funcionarios que en algún momento formaron parte de su círculo más cercano, y de ellos, 10 han tenido problemas con la justicia y actualmente están condenados a prisión. Además, según la situación actual, es posible que Zuluaga incremente aún más la cifra de condenados.
1. Jorge Noguera, condenado a 25 años de prisión
Jorge Noguera fue el primer “buen muchacho” de Uribe Noguera trabajó en la campaña presidencial de Uribe y fue director del DAS entre 2002 y 2005.
Jorge Noguera se le acusó de utilizar el DAS como un instrumento en favor de las autodefensas, proporcionándoles información de inteligencia, datos relacionados con casos de extinción de dominio y listas de líderes sociales y políticos “para que fueran ejecutados”. Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis en septiembre de 2004.
En 2011, Noguera fue sentenciado a 25 años de prisión por los cargos de concierto para delinquir y por el homicidio de Correa de Andreis.
2. María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años.
María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante los años 2007 y 2008, ha sido condenada a 14 años de prisión.
Hurtado tomó la decisión de renunciar a su cargo cuando salieron a la luz los casos de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a políticos de oposición como Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
En medio de la creciente polémica y escándalo generado por estas revelaciones, Hurtado decidió abandonar el país y refugiarse en Panamá en el año 2010. Sin embargo, en enero de 2015, la exdirectora del DAS regresó a Colombia y se enfrentó a la justicia.
En abril de ese mismo año, fue condenada a 14 años de prisión como consecuencia de su participación en las actividades ilegales llevadas a cabo durante su mandato.
3. Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años
Andrés Felipe Arias fue uno de los funcionarios más cercanos a Uribe, e incluso se le consideró como su sucesor para las elecciones presidenciales de 2010.
Sin embargo, Arias se vio envuelto en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa que distribuyó subsidios estatales a familias poderosas del Valle y del Magdalena, según reveló en su momento la revista Cambio.
Por este caso, en 2011, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos. Ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en su contra.
En junio de 2013, Arias recuperó su libertad. Un año después, el 3 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el sentido de la condena contra el exministro de Agricultura: culpable.
Arias aseguró, en su momento, que estaba dispuesto a responder ante la justicia, pero pocos días después salió del país. La Corte Suprema, por su parte, lo sentenció a 17 años de prisión, el 17 de julio de 2014.
Arias y su familia se establecieron en Miami, Estados Unidos, y aunque inicialmente se le concedió asilo temporal, las autoridades de ese país lo capturaron en agosto de 2016 en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Colombia.
A partir de ese momento, comenzó un prolongado proceso para retrasar su regreso: su defensa argumentaba que se le debía reconocer el asilo, mientras que la justicia de Estados Unidos sostenía que la condena en su contra no podía considerarse una persecución política.
4. Bernardo Moreno condenado a 8 años
Bernardo Moreno, otro implicado en el escándalo de las chuzadas ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ocupó el cargo de Secretario General de la Presidencia entre julio de 2004 y agosto de 2010.
En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a ocho años de prisión por su participación en las actividades de interceptación ilegal del DAS.
Según la Fiscalía, entre 2007 y 2008, Moreno y María del Pilar Hurtado conspiraron para interceptar ilegalmente las comunicaciones de periodistas, políticos, opositores y magistrados.
En septiembre de 2007, Moreno, quien era Secretario General en ese momento, informó a la entonces directora del DAS sobre “los temas sobre los cuales la Presidencia de la República requería adelantar preponderadamente ‘acciones de inteligencia’: la Corte Suprema de Justicia, los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego, y el periodista Daniel Coronell”, declaró el ente acusador.
5. Sabas Pretelt de la Vega, condenado a 6 años
Sabas Pretelt de la Vega estuvo involucrado en el escándalo de la Política de la Yidis.
Se desempeñó como Ministro del Interior entre 2004 y 2006.
Según la Corte Suprema de Justicia, Pretelt de la Vega ofreció nombramientos de cargos para asegurar el cambio de voto de Yidis Medina y la ausencia del exrepresentante Teodolindo Avendaño durante la votación de la reforma que autorizó la reelección de Uribe.
Por ejemplo, Pretelt de la Vega designó a César Guzmán, amigo de Medina, en un cargo del Ministerio del Interior y Justicia, y a Sandra Domínguez en la Notaría Segunda de Barrancabermeja. Y para compensar la ausencia de Avendaño, otorgó la Notaría 67 de Bogotá a Luis Camilo O’meara.
6. Diego Palacios, condenado a 6 años de prisión
Diego Palacios, otro individuo involucrado en el escándalo de Yidis Política, trabajó en el gobierno de Uribe en el cargo de Protección Social de 2003 a 2010, con el objetivo de apoyar la reelección de Uribe. Como favor nombró a Vania Constanza Castro Varona, nuera de Avendaño, “para que se ocupara de los asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali”. Adicionalmente, designó a Carlos Correa Mosquera como director de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, dando cumplimiento a un compromiso asumido con Yidis Medina, según explicó la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, Diego Palacios ha sido condenado a seis años de prisión.
7. Alberto Velásquez, condenado a 5 años
Alberto Velásquez se desempeñó como Secretario General de la Presidencia hasta 2004. En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cinco años de prisión por su participación en el caso Yidis Política.
Este caso se refiere a los favores ofrecidos a la exdiputada Yidis Medina a cambio de su voto en la reforma constitucional que allanó el camino para la reelección de Uribe.
Específicamente, el alto tribunal condenó a Velásquez por designar a Jairo Plata Quintero como coordinador de la región Magdalena en la Red de Solidaridad Social.
Este nombramiento fue parte del compromiso que hizo con Medina. Según el tribunal, el exsecretario general de la Presidencia estaba “siguiendo instrucciones” de Uribe. Como resultado, Alberto Velásquez ha sido condenado a cinco años de prisión.
8. Edmundo del Castillo, condenado a 5 años
Edmundo del Castillo, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia entre 2006 y 2010, ha sido condenado a 5 años de prisión.
Fue declarado culpable de participar en un esquema ilegal destinado a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina Padilla entre 2007 y 2008.
Según la fiscalía, utilizaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para llevar a cabo sus acciones y socavar las decisiones de la Corte Suprema sobre el escándalo parapolítico.
9. César Mauricio Velásquez, condenado a 5 años
César Mauricio Velásquez se desempeñó como secretario de prensa de la Casa de Nariño entre 2007 y 2010, al igual que Edmundo del Castillo.
También participó en un esquema ilegal destinado a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la exdiputada Yidis Medina Padilla entre 2007 y 2008.
Según la fiscalía, utilizaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para llevar a cabo sus acciones y socavar las decisiones de la Corte Suprema sobre el escándalo parapolítico.
10. Mario de Jesús Uribe Escobar, condenado a 7 años
Mario Uribe, primo segundo de Álvaro Uribe Vélez, ha sido condenado por la Corte Suprema a una pena de siete años y seis meses de prisión.
La condena está relacionada con sus vínculos con grupos paramilitares y los delitos de concierto para delinquir agravado.
Durante el proceso judicial, el excongresista, de 61 años, fue acusado por los paramilitares de haber realizado acuerdos políticos para asegurar su elección al Congreso, así como de haber adquirido ilegalmente tierras en la región noroeste del país.
11. Luis Carlos Restrepo, actualmente en juicio
Luis Carlos Restrepo se desempeñó como Comisionado para la Paz desde 2002 hasta 2009 y actualmente es investigado por falsas desmovilizaciones.
El 7 de marzo de 2006, durante el mandato de Restrepo como comisionado de paz, se produjo la supuesta desmovilización de 62 guerrilleros del frente Cacica la Gaitana de las FARC.
Sin embargo, meses después, por las declaraciones de algunos de los desmovilizados, se supo que el proceso había sido amañado.
Se descubrió que de los 62 supuestos guerrilleros desmovilizados, solo unos pocos eran genuinos, mientras que la mayoría eran personas sin hogar y desempleadas que recibieron aproximadamente 500.000 pesos (alrededor de 180 dólares) para participar en el montaje.
El juicio de Restrepo se ha retrasado 10 años porque ha estado prófugo y sus abogados han contribuido a los retrasos.
12. Álvaro Prada, actualmente en juicio
Álvaro Prada, excongresista, se encuentra actualmente bajo investigación judicial debido a sus presuntas acciones de búsqueda del testigo Juan G. Monsalve, con el objetivo de solicitar su retractación a cambio de beneficios.
La situación legal de Prada está en proceso de juicio y su caso ha generado atención y debate en el ámbito público.
13. Diego Cadena, actualmente en juicio
Diego Cadena, quien anteriormente ejercía como abogado de Álvaro Uribe, también se encuentra en medio de un proceso judicial similar al de Álvaro Prada.
Las investigaciones apuntan a que Cadena habría buscado testigos en cárceles con el propósito de obtener retractaciones a cambio de beneficios.
Es importante tener en cuenta que Diego Cadena ya ha sido sancionado disciplinariamente y se le ha prohibido ejercer la abogacía durante seis años.
14. Óscar Iván Zuluaga
El caso de Óscar Iván Zuluaga ha ganado relevancia debido a una serie de audios entregados por Daniel Arizabaleta a la fiscalía.
Estos audios comprometen a Zuluaga y podrían perjudicarlo considerablemente.
La situación legal de Zuluaga ha generado interés público y se espera que se desarrollen investigaciones adicionales para esclarecer los hechos.
El ejército espió a opositores, jueces y periodistas. El gobierno de Iván Duque chuzo a medio país.
El poder en Colombia nos vigila a todos y a sí mismo. El 18 de diciembre pasado, poco antes de las nueve de la mañana, una comisión de la Corte Suprema de Justicia con cincuenta policías judiciales allanó el Batallón de Contrainteligencia Militar, donde hacían interceptaciones ilegales contra políticos de oposición, magistrados, generales y periodistas. En supuestos tiempos de paz, los militares colombianos continúan operando como en los días más oscuros de la guerra contra la insurgencia.
Pero las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desaparecieron, disminuyeron los combates y el país se asomó al periodo menos violento de su historia moderna. Ahora, con la oportunidad de superar los antiguos métodos de la guerra y avanzar en su institucionalidad, la sociedad colombiana necesita aprovechar los tiempos de paz para fortalecer su democracia todavía inmadura.
La investigación publicada el 13 de enero en la revista Semana sugiere que el comandante del ejército, Nicacio Martínez, pudo haber salido del cargo —en diciembre— por su responsabilidad en la campaña de espionaje y no debido a los “motivos personales” que alegó. Pero el reporte demuestra un asunto mucho más grave: la vigencia de la guerra sucia, ejercida por el Estado. Y también la fragilidad de la política colombiana, que no termina de sacudirse las maneras más primitivas de la guerra.
El Acuerdo de Paz firmado con las Farc hace más de tres años dejó al ejército sin su principal adversario. Y ahora, con las manos más libres, el gobierno colombiano podría combatir otros frentes que siguen activos, como el Ejército de Liberación Nacional —la nueva guerrilla más grande del país, que opera en la frontera con Venezuela—, los grupos paramilitares y las bandas criminales que dominan diversas zonas financiados por el narcotráfico. O podría, además, adaptarse al nuevo panorama y redistribuir los enormes recursos asignados a la seguridad para invertir en herramientas institucionales distintas a los fusiles.
Nicasio Martínez Iván Duque Eduardo Zapateiro
Lejos de eso, el gobierno de Colombia repite vicios que este país pretendía superados. Por ejemplo, la práctica de vigilar de forma ilegal con grandes cantidades de dinero oficial. O la de promover en la estructura militar a los responsables de estos procedimientos, como hizo recientemente el presidente, Iván Duque. Según el reportaje, los equipos utilizados en la operación fueron financiados por la inteligencia de Estados Unidos y tenían como objetivo reforzar la vigilancia y la seguridad nacional.
Por el contrario, las nuevas escuchas ilegales, según la investigación, tenían como objetivos a periodistas; a militares inconformes con las directrices que les exigen bajas a toda costa; a políticos de oposición, o a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El reportaje sugiere que la inteligencia militar trabajaba al servicio de una parcialidad política, y utilizaba equipos de alta tecnología que fueron comprados para otro fin. En esta suerte de Watergate andino, un militar que habló con la revista dijo que la orden era entregarle información a un político del partido de gobierno, Centro Democrático.
Las interceptaciones ilegales, conocidas en Colombia como “chuzadas”, por desgracia tienen mucha historia en este país. En febrero de 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la misma revista reveló pruebas de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el organismo encargado en ese entonces de las labores de inteligencia, había espiado a opositores, magistrados y funcionarios del Estado. En 2011, el DAS fue suprimido por el sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.
A finales de diciembre, Iván Duque despidió al general Nicacio Martínez con honores, como un héroe; pero también ha promovido a otros altos oficiales señalados como responsables de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Uribe, su mentor político. El verdadero salto evolutivo de la sociedad colombiana exige justicia en estos casos y la salida del escenario de un cuestionado establecimiento bélico que incluye a militares y civiles todavía con poder.
Sobre las ejecuciones no hay cifras concluyentes, pero la Fiscalía colombiana ha identificado a 2248 víctimas entre 1988 y 2014. Durante la gestión de Duque, al menos un asesinato atribuido al ejército ha sido probado, el de Dimar Torres, un excombatiente de las Farc. La violencia oficial en Colombia es un ciclo incesante donde la agresión nunca desaparece; simplemente perdura y se adapta con mínimos cambios de forma.
Iván Duque, casi un desconocido hasta la campaña presidencial de 2018, ganó la presidencia con el respaldo de Uribe, el político más influyente de la vida pública colombiana en los últimos veinte años. Pero Duque no solo heredó los votos. Su gobierno, pretendidamente moderno y con la mirada puesta en el futuro, ha rescatado distintas prácticas que fueron habituales en el mandato de su mentor.
A las ejecuciones extrajudiciales debemos sumar el asesinato de 160 excombatientes de las Farc desde la firma de la paz; 19 líderes sociales en lo que va de 2020 y 83 indígenas solo en 2019. Esta violencia impune y su clima de zozobra en las zonas rurales del país son la principal amenaza contra la implementación del Acuerdo de Paz. Naciones Unidas ha pedido al gobierno un esfuerzo para proteger a los activistas.
En este país urge impulsar una paz que fue acordada, pero que aún no se implementa de forma efectiva. El asunto pasa por cumplir lo firmado, pero también por atender la vieja deuda social que Colombia tiene vigente. Además, es preciso que Duque, su gobierno y su partido despeguen la vista del espejo retrovisor y se sacudan la influencia del viejo establecimiento político. El presidente que habla del porvenir debe comprometerse con él más allá del discurso. Un buen inicio sería investigar, sancionar a los responsables de las “chuzadas”, dejar de elogiarlos y proscribir para siempre el espionaje del ejercicio político. Una Colombia en paz exige superar los métodos de la guerra.
