Uribe ya cuenta con al menos 14 funcionarios que en algún momento formaron parte de su círculo más cercano, y de ellos, 10 han tenido problemas con la justicia y actualmente están condenados a prisión. Además, según la situación actual, es posible que Zuluaga incremente aún más la cifra de condenados.
1. Jorge Noguera, condenado a 25 años de prisión
Jorge Noguera fue el primer “buen muchacho” de Uribe Noguera trabajó en la campaña presidencial de Uribe y fue director del DAS entre 2002 y 2005.
Jorge Noguera se le acusó de utilizar el DAS como un instrumento en favor de las autodefensas, proporcionándoles información de inteligencia, datos relacionados con casos de extinción de dominio y listas de líderes sociales y políticos “para que fueran ejecutados”. Uno de los casos emblemáticos fue el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis en septiembre de 2004.
En 2011, Noguera fue sentenciado a 25 años de prisión por los cargos de concierto para delinquir y por el homicidio de Correa de Andreis.
2. María del Pilar Hurtado, condenada a 14 años.
María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante los años 2007 y 2008, ha sido condenada a 14 años de prisión.
Hurtado tomó la decisión de renunciar a su cargo cuando salieron a la luz los casos de interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a políticos de oposición como Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
En medio de la creciente polémica y escándalo generado por estas revelaciones, Hurtado decidió abandonar el país y refugiarse en Panamá en el año 2010. Sin embargo, en enero de 2015, la exdirectora del DAS regresó a Colombia y se enfrentó a la justicia.
En abril de ese mismo año, fue condenada a 14 años de prisión como consecuencia de su participación en las actividades ilegales llevadas a cabo durante su mandato.
3. Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años
Andrés Felipe Arias fue uno de los funcionarios más cercanos a Uribe, e incluso se le consideró como su sucesor para las elecciones presidenciales de 2010.
Sin embargo, Arias se vio envuelto en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa que distribuyó subsidios estatales a familias poderosas del Valle y del Magdalena, según reveló en su momento la revista Cambio.
Por este caso, en 2011, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos. Ese mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en su contra.
En junio de 2013, Arias recuperó su libertad. Un año después, el 3 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el sentido de la condena contra el exministro de Agricultura: culpable.
Arias aseguró, en su momento, que estaba dispuesto a responder ante la justicia, pero pocos días después salió del país. La Corte Suprema, por su parte, lo sentenció a 17 años de prisión, el 17 de julio de 2014.
Arias y su familia se establecieron en Miami, Estados Unidos, y aunque inicialmente se le concedió asilo temporal, las autoridades de ese país lo capturaron en agosto de 2016 en respuesta a una solicitud de extradición por parte de Colombia.
A partir de ese momento, comenzó un prolongado proceso para retrasar su regreso: su defensa argumentaba que se le debía reconocer el asilo, mientras que la justicia de Estados Unidos sostenía que la condena en su contra no podía considerarse una persecución política.
4. Bernardo Moreno condenado a 8 años
Bernardo Moreno, otro implicado en el escándalo de las chuzadas ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ocupó el cargo de Secretario General de la Presidencia entre julio de 2004 y agosto de 2010.
En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a ocho años de prisión por su participación en las actividades de interceptación ilegal del DAS.
Según la Fiscalía, entre 2007 y 2008, Moreno y María del Pilar Hurtado conspiraron para interceptar ilegalmente las comunicaciones de periodistas, políticos, opositores y magistrados.
En septiembre de 2007, Moreno, quien era Secretario General en ese momento, informó a la entonces directora del DAS sobre “los temas sobre los cuales la Presidencia de la República requería adelantar preponderadamente ‘acciones de inteligencia’: la Corte Suprema de Justicia, los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego, y el periodista Daniel Coronell”, declaró el ente acusador.
5. Sabas Pretelt de la Vega, condenado a 6 años
Sabas Pretelt de la Vega estuvo involucrado en el escándalo de la Política de la Yidis.
Se desempeñó como Ministro del Interior entre 2004 y 2006.
Según la Corte Suprema de Justicia, Pretelt de la Vega ofreció nombramientos de cargos para asegurar el cambio de voto de Yidis Medina y la ausencia del exrepresentante Teodolindo Avendaño durante la votación de la reforma que autorizó la reelección de Uribe.
Por ejemplo, Pretelt de la Vega designó a César Guzmán, amigo de Medina, en un cargo del Ministerio del Interior y Justicia, y a Sandra Domínguez en la Notaría Segunda de Barrancabermeja. Y para compensar la ausencia de Avendaño, otorgó la Notaría 67 de Bogotá a Luis Camilo O’meara.
6. Diego Palacios, condenado a 6 años de prisión
Diego Palacios, otro individuo involucrado en el escándalo de Yidis Política, trabajó en el gobierno de Uribe en el cargo de Protección Social de 2003 a 2010, con el objetivo de apoyar la reelección de Uribe. Como favor nombró a Vania Constanza Castro Varona, nuera de Avendaño, “para que se ocupara de los asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali”. Adicionalmente, designó a Carlos Correa Mosquera como director de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, dando cumplimiento a un compromiso asumido con Yidis Medina, según explicó la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, Diego Palacios ha sido condenado a seis años de prisión.
7. Alberto Velásquez, condenado a 5 años
Alberto Velásquez se desempeñó como Secretario General de la Presidencia hasta 2004. En abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cinco años de prisión por su participación en el caso Yidis Política.
Este caso se refiere a los favores ofrecidos a la exdiputada Yidis Medina a cambio de su voto en la reforma constitucional que allanó el camino para la reelección de Uribe.
Específicamente, el alto tribunal condenó a Velásquez por designar a Jairo Plata Quintero como coordinador de la región Magdalena en la Red de Solidaridad Social.
Este nombramiento fue parte del compromiso que hizo con Medina. Según el tribunal, el exsecretario general de la Presidencia estaba “siguiendo instrucciones” de Uribe. Como resultado, Alberto Velásquez ha sido condenado a cinco años de prisión.
8. Edmundo del Castillo, condenado a 5 años
Edmundo del Castillo, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia entre 2006 y 2010, ha sido condenado a 5 años de prisión.
Fue declarado culpable de participar en un esquema ilegal destinado a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina Padilla entre 2007 y 2008.
Según la fiscalía, utilizaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para llevar a cabo sus acciones y socavar las decisiones de la Corte Suprema sobre el escándalo parapolítico.
9. César Mauricio Velásquez, condenado a 5 años
César Mauricio Velásquez se desempeñó como secretario de prensa de la Casa de Nariño entre 2007 y 2010, al igual que Edmundo del Castillo.
También participó en un esquema ilegal destinado a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la exdiputada Yidis Medina Padilla entre 2007 y 2008.
Según la fiscalía, utilizaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para llevar a cabo sus acciones y socavar las decisiones de la Corte Suprema sobre el escándalo parapolítico.
10. Mario de Jesús Uribe Escobar, condenado a 7 años
Mario Uribe, primo segundo de Álvaro Uribe Vélez, ha sido condenado por la Corte Suprema a una pena de siete años y seis meses de prisión.
La condena está relacionada con sus vínculos con grupos paramilitares y los delitos de concierto para delinquir agravado.
Durante el proceso judicial, el excongresista, de 61 años, fue acusado por los paramilitares de haber realizado acuerdos políticos para asegurar su elección al Congreso, así como de haber adquirido ilegalmente tierras en la región noroeste del país.
11. Luis Carlos Restrepo, actualmente en juicio
Luis Carlos Restrepo se desempeñó como Comisionado para la Paz desde 2002 hasta 2009 y actualmente es investigado por falsas desmovilizaciones.
El 7 de marzo de 2006, durante el mandato de Restrepo como comisionado de paz, se produjo la supuesta desmovilización de 62 guerrilleros del frente Cacica la Gaitana de las FARC.
Sin embargo, meses después, por las declaraciones de algunos de los desmovilizados, se supo que el proceso había sido amañado.
Se descubrió que de los 62 supuestos guerrilleros desmovilizados, solo unos pocos eran genuinos, mientras que la mayoría eran personas sin hogar y desempleadas que recibieron aproximadamente 500.000 pesos (alrededor de 180 dólares) para participar en el montaje.
El juicio de Restrepo se ha retrasado 10 años porque ha estado prófugo y sus abogados han contribuido a los retrasos.
12. Álvaro Prada, actualmente en juicio
Álvaro Prada, excongresista, se encuentra actualmente bajo investigación judicial debido a sus presuntas acciones de búsqueda del testigo Juan G. Monsalve, con el objetivo de solicitar su retractación a cambio de beneficios.
La situación legal de Prada está en proceso de juicio y su caso ha generado atención y debate en el ámbito público.
13. Diego Cadena, actualmente en juicio
Diego Cadena, quien anteriormente ejercía como abogado de Álvaro Uribe, también se encuentra en medio de un proceso judicial similar al de Álvaro Prada.
Las investigaciones apuntan a que Cadena habría buscado testigos en cárceles con el propósito de obtener retractaciones a cambio de beneficios.
Es importante tener en cuenta que Diego Cadena ya ha sido sancionado disciplinariamente y se le ha prohibido ejercer la abogacía durante seis años.
14. Óscar Iván Zuluaga
El caso de Óscar Iván Zuluaga ha ganado relevancia debido a una serie de audios entregados por Daniel Arizabaleta a la fiscalía.
Estos audios comprometen a Zuluaga y podrían perjudicarlo considerablemente.
La situación legal de Zuluaga ha generado interés público y se espera que se desarrollen investigaciones adicionales para esclarecer los hechos.