Consejo de Estado busca suspender el decreto que designó a Mancuso como gestor de paz.

Las altas cortes, desde hace varias semanas, han tomado decisiones que han generado una gran controversia en el país.

En primer lugar, se revocó el decreto de emergencia para La Guajira, dejando desprotegida a esta región que atraviesa por dificultades humanitarias significativas.

Además, se tumbó la iniciativa de ‘tasa cero’ de intereses para créditos del Icetex, lo que implicará que los estudiantes tengan que enfrentar cargas financieras considerables en sus préstamos educativos.

Y ahora el Consejo de Estado ha otorgado medidas cautelares en contra del nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz, lo que ha generado interrogantes sobre sus intenciones.

El nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz se justifica en la búsqueda constante de la verdad y la reconciliación en el país.

Mancuso ha proporcionado información valiosa acerca de crímenes cometidos durante el conflicto armado y el papel de las Fuerzas Militares en ejecuciones extrajudiciales, contribuyendo así al proceso de justicia transicional.

Sin embargo, el Consejo de Estado tiene una perspectiva diferente.

En su comunicado, expresan que la designación de Mancuso ha generado desconcierto y perplejidad en amplios sectores nacionales.

La pregunta que surge es a cuáles sectores se refiere el Consejo de Estado.

Parece que aluden a aquellos que desean que ciertas verdades permanezcan ocultas, aquellos que temen que Mancuso hable y revele información incómoda.

¿Pero qué ocurre con las víctimas, que anhelan la verdad y la justicia? ¿No merecen ser escuchadas? La disposición de Mancuso a hablar y contar la verdad se encuentra en contraposición con la voluntad del Consejo de Estado de evitarlo.

A continuación, proporcionaremos los nombres de los magistrados de la sección primera del Consejo de Estado que van a estudiar las medidas cautelares en contra del nombramiento de Mancuso.

Roberto Augusto Serrato Valdés.

Hernando Sánchez Sánchez

Oswaldo Giraldo López

Nubia Margoth Peña Garzón

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Una alma totalmente podrida es lo que parece haberse convertido María Fernanda Cabal.

La falta de moral en Cabal es evidente en sus tuits falsos, donde ataca al presidente Petro de la manera más despreciable.

La gota que derramó el vaso fue cuando María Fernanda Cabal compartió un pantallazo falso en el que el presidente Petro supuestamente reconocía y hablaba de la muerte de Luis Alfredo Garavito, una acusación completamente FALSA.

La verdad es que el presidente Petro nunca emitió un tuit sobre la muerte de Luis Garavito, y por esa razón nunca eliminó el tuit.

Es importante recordar que, cuando se borra un tuit, el registro del URL del mismo permanece.

Estoy seguro de que el URL en cuestión nunca se encontrará, sencillamente porque no existe.

La actitud miserable de Cabal es aún más flagrante al saber que está difundiendo información falsa.

Es consciente de que esto causa un impacto negativo en sus seguidores, que, al igual que ella, se muestran igual de fanáticos y desprovistos de ética.

Que una senadora de la República se preste para este tipo de ataques bajos y rastreros es una vergüenza que nos deja con un sabor amargo.

El presidente Petro debería tomar medidas para denunciar estas acciones.

Ya es suficiente. ¿Hasta cuándo permitiremos que esto continúe? Esto ya no se trata de libertad de expresión, es calumnia pura y simple.

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Hace unos días, el presidente Petro realizó declaraciones en Tumaco, Nariño, donde calificó la política de sustitución de cultivos implementada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos como un “antro de corrupción”.

VIDEO (PRESIDENTE PETRO)

https://laverdadnadamasquelaverdad.com/wp-content/uploads/2023/10/Un-antro-de-corrupcion-santos.mp4

Esta afirmación del presidente Petro no fue bien recibida por el expresidente Santos y Rafael Pardo, quien sirvió como funcionario en el gobierno de Santos.

En un comunicado emitido en respuesta a las declaraciones del presidente Petro, señalaron que las acusaciones del presidente actual eran falsas.

Sin embargo, es importante destacar que en su comunicado, Santos y Pardo no presentaron pruebas concretas que respaldaran su negación de las acusaciones del presidente Petro.

Su defensa se basó en palabras, sin proporcionar evidencia concreta que refutara las afirmaciones del presidente Petro.

La verdad hay que decirla así duela, la política de sustitución de cultivos durante el gobierno de Santos enfrentó numerosas críticas y desafíos.

Se pretendía pagar a los campesinos para que abandonaran el cultivo de coca y se dedicaran a otras actividades agrícolas.

Sin embargo, en la práctica, muchos recursos destinados a este programa no llegaron a las comunidades como se había planeado.

En lugar de ello, las administraciones contrataron intermediarios, conocidos como “operadores”, quienes manejaron los fondos a través de fideicomisos.

Y en muchos casos, estos operadores se apropiaron de los recursos destinados a los campesinos y no entregaron el dinero correspondiente a estos últimos.

Frente a este problema, el presidente Petro ha propuesto abordar la situación con coherencia y fortalecer verdaderamente los programas de sustitución de cultivos.

Busca implementar medidas que eviten cualquier tipo de corrupción en este proceso.

VIDEO (PRESIDENTE PETRO)

https://laverdadnadamasquelaverdad.com/wp-content/uploads/2023/10/Antro-de-corrupcion-Petro-quiere-cambiar-mejorar.mp4

La necesidad de supervisar de cerca estos programas es evidente, para asegurar que los recursos lleguen a las comunidades que los necesitan y que la sustitución de cultivos ilegales se lleve a cabo de manera efectiva.

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Hace apenas unos días, el presidente Petro hizo una declaración en la que cuestionó la acción del magistrado Gerardo Botero, quien había interpuesto una tutela en contra de la terna de la Fiscalía General de la Nación.

El motivo de la controversia radicaba en el hecho de que esta terna estaba conformada exclusivamente por mujeres.

El presidente expresó su desacuerdo con la tutela, argumentando que la Constitución establece que, cuando la sociedad discrimina, es el deber del Estado corregir esa discriminación mediante medidas de discriminación positiva.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, el magistrado Gerardo Botero ha salido a los medios, adoptando la posición de víctima, prácticamente está arrojando la piedra y escondiendo la mano.

Lo que ha parecido molestar al magistrado es que el público colombiano haya tomado conocimiento de su postura, cuando las ternas de candidatos están compuestas únicamente por hombres, esto no se percibe como machismo, no obstante, si la situación se invierte y las ternas se componen exclusivamente de mujeres, se considera una discriminación en contra de los hombres.

O podría ser que las candidatas propuestas no son del agrado de un sector político en particular o de aquellos que históricamente han ejercido influencia sobre el puesto de Fiscal General.

Por primera vez en Colombia, se avizora la posibilidad de que una fiscal general independiente asuma el cargo, lo cual podría estar desafiando intereses arraigados en la política nacional.

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