En el año 2017, bajo la dirección de Alejandro Gaviria como Ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, se implementó un plan de rescate destinado a la EPS Savia.
En un esfuerzo por estabilizar esta entidad, el gobierno de Santos asignó la considerable suma de $60.000 millones de pesos.
Sin embargo, tras un lapso de seis años, la EPS Savia se encontró en una situación crítica que la llevó a ser intervenida por la Superintendencia de Salud.
La entidad acumuló deudas ascendentes a más de $700.000 millones de pesos y se evidenciaron graves y persistentes deficiencias en la atención brindada a sus más de 1.6 millones de usuarios, así como en la gestión de los recursos públicos destinados al sistema de salud.
A lo largo de ese período, la EPS Savia no logró cumplir satisfactoriamente con las directrices establecidas por la entidad de control para mejorar su desempeño en aspectos financieros, técnicos-científicos, administrativos y jurídicos.
Esta situación puso de manifiesto la urgente necesidad de abordar las deficiencias sistémicas que afectan al sistema de salud en Colombia.
En este contexto, se ha generado un creciente descontento con el funcionamiento de las EPS en el país.
Muchos consideran que estas entidades, en lugar de garantizar una atención de calidad y accesible para los ciudadanos, a menudo generan deudas y benefician a individuos sin escrúpulos que no dudan en lucrar con la salud de los colombianos.
Por este motivo y muchos más, el gobierno del presidente Petro se ha propuesto abordar este problema de raíz y buscar soluciones para mejorar el sistema de salud en beneficio de todos los ciudadanos.
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