La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una orden para llevar a cabo una inspección en la base militar de Tolemaida, con el propósito de intervenir los archivos del Juzgado 59 Penal Militar.
Esta medida se toma con el fin de recopilar información relevante para la investigación de crímenes cometidos por la Fuerza Pública en colaboración con grupos paramilitares.
En particular, la JEP se centra en la revisión de 56 procesos que están vinculados a un total de 60 asesinatos cuestionados.
Los magistrados de la JEP han otorgado un plazo de cinco días a partir de la notificación para que el Juzgado 59 Penal Militar entregue un informe detallado sobre el estado de los expedientes solicitados y la ubicación de los mismos.
La decisión de llevar a cabo esta inspección se basa en la preocupación de la JEP de que ciertas áreas geográficas, como Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y sus alrededores, podrían haber sido escenarios de un elevado número de casos.
Según la información recopilada en varios informes, se estima que en estas zonas se han producido al menos 854 actos victimizantes.
La magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo, ha solicitado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que inicie una investigación y tome copias de los 56 expedientes que contienen información sobre las bajas reportadas en combate por las Fuerzas Militares, en el período comprendido entre principios de 2004 y finales de 2007.
Además, la magistrada Jaramillo ha ordenado que las inspecciones judiciales se lleven a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de octubre.
Respecto a los expedientes que hayan sido enviados a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar en Bogotá, la toma de copias de dichos expedientes se realizará los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre en la capital de la república.
Este caso surge debido a las dudas planteadas por el alto tribunal sobre un total de 60 bajas en combate, la mayoría de las cuales fueron registradas como “N.N.” (no identificados).
Existe la sospecha de que estas bajas podrían corresponder a casos de lo que se conoce como “falsos positivos”, que son ejecuciones extrajudiciales realizadas por ciertos miembros de la Fuerza Pública entre 2002 y 2007.
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