El expresidente de la Corte Suprema, el magistrado Francisco Ricaurte Gómez, se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo de corrupción, según ha informado recientemente la Fiscalía.
Esta vez, el ente acusador ha presentado imputaciones en su contra por nuevos hechos de corrupción que habrían afectado gravemente la administración de justicia y en los cuales se le acusa de haber participado directamente.
La Fiscalía sostiene que Francisco Ricaurte Gómez estaría involucrado en dos delitos de cohecho por dar u ofrecer, ocurridos después de que él ya se hubiera retirado de su cargo como magistrado.
Se ha revelado que, durante ese periodo, Ricaurte habría impartido instrucciones al abogado Gustavo Moreno, quien en ese momento defendía a dos congresistas bajo investigación penal por delitos relacionados con parapolítica, corrupción y bandas criminales. Estos congresistas en cuestión son Argenis Velásquez Ramírez y Nilton Córdoba Manyoma, exrepresentantes a la Cámara.
Entre los años 2015 y 2016, el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, habría indicado a Gustavo Moreno Rivera que contactara al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, responsable de las investigaciones en el despacho del magistrado titular Gustavo Malo Fernández.
Según la Fiscalía, el objetivo de esta comunicación era manipular el proceso penal contra los dirigentes políticos investigados y evitar así su posible captura.
La investigación ha desvelado testimonios que señalan que Ricaurte habría autorizado el pago de grandes sumas de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz a través del abogado Gustavo Moreno, dinero que, supuestamente, habría sido entregado por los congresistas Velásquez y Córdoba.
Estos pagos presuntamente tenían como fin evitar la apertura de una investigación formal y, a su vez, impedir que las actuaciones judiciales pudieran llevar a la detención de los congresistas involucrados.
Cabe mencionar que en marzo de 2021, Francisco Ricaurte Gómez fue condenado a 19 años de prisión por su participación en el escándalo conocido como el ‘cartel de la toga’, en el cual se le declaró culpable de delitos como cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada.
Posteriormente, en diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá redujo la condena impuesta a Ricaurte a 16 años y 5 meses, debido a la prescripción del delito de tráfico de influencias.
Este nuevo proceso judicial se suma a la ya extensa lista de acusaciones y condenas que han puesto en tela de juicio la integridad del sistema judicial en Colombia y la actuación de algunos de sus más altos representantes.
La investigación continúa y se espera que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley.
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Oigan. Ésto no es nuevo. La justicia politizada lleva a eso, que todos odiamos, CORRUPCIÓN… Y, saben, que es lo más grave de ésto, que los juristas que lleguen a éstas altas cortes, que podrían estar contaminados por esa maldita maña….