El 16 de noviembre del año pasado, la Corte Constitucional anuló el artículo de la reforma tributaria del gobierno del presidente Petro que impedía a las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos deducir las regalías del impuesto de renta.
Ante esta medida, el gobierno del presidente Petro presentó una petición a la Corte Constitucional, alegando un presumible impacto fiscal de $27 billones que, según advierte, afectaría las finanzas nacionales.
En respuesta, el Ministerio de Minas solicitó la anulación del fallo, mientras que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) presentó una petición de aclaración a la Corte Constitucional.
En una revisión en sala plena llevada a cabo el pasado viernes, la Corte otorgó al Ministerio de Hacienda un plazo de 30 días hábiles para que sustentara el impacto fiscal.
En caso de que este plazo expire sin sustentación, se declarará desierto.
La Corte Constitucional aceptó la petición del Ministerio de Hacienda basándose en argumentos como la presentación oportuna, la autorización del Ministro de Hacienda y Crédito Público para instaurar el incidente, y la naturaleza del incidente, que se dirige contra una sentencia de constitucionalidad dictada por la Corte.
Es relevante señalar que la Corte Constitucional tiene la oportunidad de revertir esta decisión, ya que la declaratoria de inexequibilidad de dicho artículo reduce de manera permanente los ingresos fiscales que el Gobierno Nacional había proyectado para financiar sus necesidades de gasto.
Ahora solo toca esperar que la Corte Constitucional sea sensata.
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