PRESIDENTE PETRO Y MARGARITA CABELLO CHOQUE DE TRENES

La procuradora Margarita Cabello parece estar actuando con un exceso de poder, creyendo que puede ejercer su autoridad de manera arbitraria y sancionar a funcionarios públicos, como alcaldes o congresistas, simplemente porque no están alineados con sus intereses o no le agradan.

En un audaz movimiento, el presidente Petro, respondió contundentemente a la procuradora general, Margarita Cabello, frente a la destitución ordenada contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes.

Fechado el pasado 25 de julio, el mandatario presentó una argumentación jurídica que desestima la suspensión impuesta por el ente de control.

Carta del presidente Petro a la procuradora Margarita Cabello.

En su respuesta, el presidente Petro subrayó que la Procuraduría General de la Nación no posee la autoridad para determinar suspensiones provisionales como esta, haciendo referencia al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2020.

Carta del presidente Petro a la procuradora Margarita Cabello.

Dicho fallo estableció que las autoridades administrativas no pueden destituir a funcionarios electos por voto popular, lo que respalda la continuidad de Bermúdez Cotes en su cargo.


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El documento remitido por el presidente hace referencia a una medida cautelar que, según él, impone una restricción manifiesta al ejercicio pleno y eficaz de los derechos políticos de aquellos funcionarios electos por voto popular, en concordancia con el artículo 23 No 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Carta del presidente Petro a la procuradora Margarita Cabello.

El presidente Petro también destacó que no se encuentra obligado a cumplir o ejecutar la medida cautelar requerida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 8, ya que acatarla implicaría una violación de los derechos humanos políticos.

Asimismo, el presidente Petro advirtió que cumplir con la suspensión pondría en serio riesgo la responsabilidad internacional del Estado colombiano por un presunto acto ilícito internacional que podría ser reclamado en el futuro.



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