Los empleados de la EPS Sanitas salieron a marchar en contra del gobierno del presidente Petro y la razón de la marcha es de lo más insolente posible.
La principal razón de su protesta radica en la imposición de una auditoría forense a la EPS Sanitas por parte del gobierno del presidente Petro.
Claramente, esta resistencia por parte de la EPS Sanitas podría deberse al temor de que la auditoría revele deudas significativas que ascienden a más de $1 billón, así como la falta de transparencia en la presentación de las reservas técnicas.
La EPS Sanitas ha experimentado un crecimiento financiero notorio en los últimos tres años, registrando ganancias considerables.
En 2020, las utilidades alcanzaron los $233.000 millones, seguidas por un aumento significativo en 2021 con $565.000 millones, y aunque en 2022 se observó una ligera disminución con $226.000 millones, el rendimiento económico global sigue siendo sólido.
Sin embargo, surge una controversia al examinar la gestión financiera de la EPS Sanitas, ya que a pesar de las ganancias acumuladas, la entidad ha acumulado deudas considerables con clínicas, hospitales y proveedores.
Esta práctica plantea interrogantes sobre la ética empresarial, las buenas ganancias se logran a expensas de no cumplir con las obligaciones financieras y acumular deudas significativas con clínicas, hospitales y proveedores.
Y luego quien paga estas deudas la respuesta es sencilla el gobierno, mientras que los propietarios de la EPS Sanitas podrían beneficiarse sin asumir plenamente las responsabilidades financieras.
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