Juan Carlos Abadía, quien fuera exgobernador del Valle en 2010, enfrentó una destitución e inhabilitación por 10 años debido a su participación indebida en política.
Sin embargo, en 2022, una vez cumplida su sanción, el partido Liberal de César Gaviria le otorgó su aval político, ignorando aparentemente su pasado marcado por sanciones y rumores de vínculos con narcotraficantes y paramilitares.
Pareciera que para César Gaviria, cualquier medio es válido para mantener el poder.
CARTEL DE LA TOGA SIGUE DANDO QUE HABLAR
El nombre de Juan Carlos Abadía vuelve a estar en el centro de la polémica.
Recientemente, ha surgido un nuevo caso en su contra por soborno, donde la Fiscalía le acusa de haber pagado una coima para que se archivara un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
El Juzgado 26 Penal de Circuito de Bogotá ha avalado la acusación, formalmente vinculando al exgobernador Abadía a la investigación penal del escándalo del “cartel de la toga” desde junio de 2022.
La Fiscalía le imputa el delito de cohecho por dar u ofrecer, alegando que intentó manipular un proceso penal relacionado con actos de corrupción durante su mandato en la Gobernación del Valle.
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Ante esta imputación, Abadía se ha declarado inocente, pero la Fiscalía ha decidido llevarlo a juicio penal.
Las pruebas presentadas señalan que Abadía habría entregado la suma de $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien fuera exfiscal contra la corrupción, en 2014.
Este dinero se destinó al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien ya ha sido condenado por otros delitos.
El exgobernador Abadía presuntamente contrató a Moreno Rivera para que lo asistiera en un proceso penal que se llevaba a cabo en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el cual investigaba posibles irregularidades en un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.
Según los elementos de prueba, Abadía habría pagado para que las investigaciones en su contra fueran archivadas o retrasadas.
Además, buscaba evitar la formulación de imputación o la solicitud de medida de aseguramiento.
Supuestamente, acordó con un fiscal delegado ante la Corte retrasar el avance de la actuación a cambio de garantizar la continuidad en el cargo del funcionario.
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