Recientemente, durante una audiencia llevada a cabo el martes en el coliseo municipal ‘Destrezas Dabeibanas’ en el municipio de Dabeiba, Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló una impactante verdad: ocho altos mandos militares retirados admitieron su participación en el asesinato y desaparición de 49 campesinos.
Estos trágicos casos se suman a la larga lista de ‘falsos positivos’ que ocurrieron entre 2002 y 2006.
La reacción de Uribe ante estos hechos es, sin lugar a dudas, desvergonzada.
Ahora se pregunta cómo es posible que estos militares estén saliendo a contar la verdad, cuando anteriormente negaban rotundamente la existencia de estos ‘falsos positivos’.
Es evidente que la revelación de que todas estas atrocidades ocurrieron durante su gobierno le causa un profundo malestar y aflicción.
La JEP continúa poniendo al descubierto la verdadera cara del gobierno de Uribe, demostrando que las ejecuciones extrajudiciales fueron una práctica sistemática durante su mandato, y no simples daños colaterales.
Más de 6,402 civiles en Colombia fueron víctimas de estas atrocidades, en lugar de asumir la responsabilidad, el cínico Uribe está buscando desesperadamente formas de distorsionar la verdad con el fin de proteger la imagen de su gobierno manchado.
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