EL CONSEJO DE ESTADO DURO CONTRA EL CAMBIO PERO SUAVE CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Consejo de Estado acaba de anular la elección del senador del Pacto Histórico, Alexander López.

Esta es la tercera vez que este órgano tumba a congresistas del Pacto Histórico, los otros dos previamente afectados fueron César Pachón y Roy Barreras.

A pesar de que el Pacto Histórico tuvo un desempeño destacado en las elecciones de 2022, en las que logró contrarrestar la influencia de la ultraderecha, ahora nos encontramos con la preocupante sospecha de que el Consejo de Estado está inclinando la balanza a favor de la ultraderecha.

Resulta evidente que el Consejo de Estado está empleando todos sus recursos y capacidades para socavar el cambio político.

Sin embargo, es alarmante observar cómo, cuando se trata de individuos acaudalados como Luis Carlos Sarmiento Angulo, este órgano actúa de manera notablemente condescendiente.

En julio del presente año, el Consejo de Estado perdonó una multa de $800 mil millones de pesos a Odebrecht y a sus socios, lo que equivale a las empresas de Sarmiento Angulo, como Episol, una filial de Corficolombiana Grupo Aval.

Sentencia Consejo de Estado.

Lo más inquietante es que gracias al Consejo de Estado estas empresas seguirán siendo elegibles para contratar con el Estado Colombiano.

El fallo emitido inicialmente especificaba que varias empresas y personas naturales, incluyendo Episol S.A.S., quedarían inhabilitadas por un período de 10 años para realizar contratos con entidades gubernamentales y ocupar cargos públicos.

Sentencia Consejo de Estado.

No obstante, el Consejo de Estado ha decidido revocar esta parte del fallo, permitiendo que estas empresas y empresarios, incluyendo a aquellas relacionadas con Sarmiento Ángulo, puedan volver a realizar contratos con el Estado colombiano a partir del 29 de julio de 2023.

Sentencia Consejo de Estado.

Este caso representa un claro ejemplo de cómo la justicia a menudo parece estar al servicio de los individuos y entidades más poderosos en Colombia, generando preocupaciones legítimas sobre la equidad y la transparencia en el sistema judicial del país.


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