En el año 2003, Mauricio Santoyo ostentaba el rango de coronel y desempeñaba el rol de la seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe.
En medio de su labor como comandante regional del Gaula, la Procuraduría en 2003 determinó que Santoyo llevó a cabo ‘chuzadas ilegales’, lo que resultó en su destitución, frustrando así su anhelado ascenso a general.
Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado gracias al fallo del Concejo de Estado el 7 de abril de 2006.
Este organismo resolvió el recurso de apelación, revocando la providencia de la Procuraduría y suspendiendo los efectos de la sanción disciplinaria impuesta a Santoyo.
Esta decisión permitió que Uribe, a través de un decreto, ordenara la reincorporación de Santoyo al servicio activo, allanando el camino para que finalmente alcanzara su deseado ascenso a general en 2007.
La controversia en torno a este caso se intensificó con el paso de los años.
En 2012, Mauricio Santoyo fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con paramilitares y su colaboración con narcotraficantes.
La ironía se hace evidente al recordar que, en 2019, la Sala Plena del Consejo de Estado ratificó el fallo de la Procuraduría que en su momento destituyó e inhabilitó a Santoyo para ocupar cargos públicos.
Resulta paradójico que el mismo Concejo de Estado que, en 2006, anuló provisionalmente los efectos de la sanción disciplinaria, haya confirmado la destitución en 2019, luego de que Santoyo fuera condenado por actividades vinculadas al paramilitarismo.
Esta secuencia de eventos revela una aparente contradicción y una hipocresía por parte del Concejo de Estado.
La controvertida historia de Mauricio Santoyo pone de manifiesto la complejidad y la intrincada red de relaciones entre la justicia, el poder político y las decisiones judiciales en Colombia.
SALVAR A LA VERDAD NADA MAS QUE LA VERDAD
Salvar a la verdad, su aporte es PRIORITARIO para que la verdad siga adelante.
https://vaki.co/es/vaki/salvalaverdadnadamasquelaverdad
