Durante todo este mes, Barbosa, Cabal y Zapateiro han estado promoviendo la idea de que el ELN estaba planeando un atentado en su contra, respaldados por una narrativa en la que Vicky Dávila colaboraba con la Revista Semana y además afirmaron que el gobierno del presidente Petro tenía conocimiento previo de este presunto complot.
Sin embargo, esta trama y el supuesto atentado han sido desmentidos de manera contundente en un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa.
En dicho comunicado se recalca que ni los organismos de inteligencia ni ninguna entidad perteneciente a la comunidad de inteligencia tenían conocimiento de tales amenazas dirigidas a Barbosa, Cabal y Zapateiro.
Más aún, la revisión de los registros llevada a cabo por los organismos de inteligencia ha confirmado que la fuente que proporcionó información a la Fiscalía General de la Nación es la misma que compartió datos con el Ejército Nacional, lo que sugiere una conexión en la obtención de dicha información.
El Ministerio de Defensa subraya que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) no ha encontrado rastros de información financiera relacionada con un posible atentado contra las mencionadas figuras.
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa destaca que no se ha recibido ninguna información de agencias de inteligencia extranjeras en relación con esta situación.
Asimismo, resalta que todo el proceso de recopilación, análisis y divulgación de información se lleva a cabo con el objetivo fundamental de salvaguardar los derechos fundamentales y, especialmente, la vida de los ciudadanos, en línea con lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013.
El espectáculo montado por Vicky, Barbosa, Cabal y Zapateiro deja en evidencia su desesperación, ya que en seis meses habrá un nuevo Fiscal General de la Nación que no estará a su favor y llevará a cabo investigaciones exhaustivas sobre posibles casos de corrupción, lo cual parece generarles temor.
El presidente Petro también ha expresado su opinión al respecto, afirmando que esta situación constituye un “prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político hacia el presidente de la república”, y critica la falta de respeto a las instituciones, así como el intento de impedir el proceso constitucional de reemplazo del fiscal.
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