Hace apenas unos días, Uribe sorprendió al revelar información que, hasta ese momento, solo Salvatore Mancuso y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conocía.
Uribe incluso proporcionó información detallada sobre su informante.
Ante la gravedad de esta situación, Salvatore Mancuso ha interpuesto una tutela, solicitando que la JEP investigue por qué su familia y su equipo legal han recibido amenazas después de que él aportara su verdad ante el tribunal.
Este problema surge debido a la filtración de información confidencial, revelada recientemente por Uribe, información que únicamente está en poder de la JEP y del propio Mancuso.
En esencia, la tutela exige a la Sala Especial de la JEP que tome medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso de Mancuso, lo cual incluye la protección de la reserva de información.
Se propone la implementación de un protocolo especial para asegurar que la audiencia realizada los días 10, 11, 15 y 16 de mayo no sea difundida ni revelada públicamente.
En respuesta a esta acción legal, la JEP ha tomado una medida provisional, advirtiendo a todos los funcionarios que en algún momento tuvieron acceso a dicha información confidencial sobre las posibles consecuencias legales y disciplinarias de su divulgación.
Resulta imperativo para la JEP identificar a la fuente de la filtración dentro de su propia estructura.
Con las revelaciones de Uribe, se ha hecho evidente que existe una suerte de “garganta profunda” en la JEP, que aparentemente trabaja como secretaria de alguna magistrada de JEP.
Esta situación plantea un problema de extrema gravedad que la JEP debe abordar con urgencia y determinación.
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