El corrupto gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha vuelto a captar la atención de los medios al expresar sus quejas en relación con el enfoque gubernamental en seguridad por parte del presidente Petro.
Sin embargo, resulta innegablemente sorprendente que sea el mismo Juan Zuluaga, un individuo sancionado por corrupción, quien alza su voz.
Este corrupto ostenta la posición de gobernador en el Meta y, en consecuencia, administra un presupuesto asignado específicamente para salvaguardar la seguridad en la región.
Este presupuesto proviene de los recursos del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), establecido mediante la Ley 418 de 1997.
Los recursos del Fonset representan una herramienta crucial en la lucha por la seguridad y la convivencia ciudadana.
Estos fondos están diseñados para atender diversas necesidades en el ámbito de la seguridad territorial.
Entre los fines a los que pueden destinarse estos recursos se encuentran:
1. La dotación de fuerzas de seguridad.
2. La adquisición de material bélico.
3. La reconstrucción de instalaciones militares.
4. Recompensas a personas que colaboren con
la justicia, y seguridad de las mismas.
5. La implementación y operación de redes de inteligencia.
6. Servicios personales, dotación y raciones para
nuevos agentes y soldados.
7. Gastos destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad y la convivencia ciudadana y la preservación del orden público.
Es alarmante constatar que, a pesar de haber sido asignados $46.000 millones de pesos para el presupuesto de seguridad en el presente año 2023, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga ha llevado a cabo una ejecución presupuestaria ínfima, alcanzando tan solo la suma de $1.200 millones de pesos hasta el mes de junio de este mismo año, lo que equivale a tan solo un escaso 8% de los recursos disponibles.
Este patente desinterés en emplear los fondos asignados para fortalecer la seguridad de la región resulta inconcebible, sobre todo cuando el mandatario, en lugar de asumir su responsabilidad, opta por señalar al presidente Petro como el responsable de las carencias en seguridad.
Este comportamiento genera cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones y prioridades del gobernador Zuluaga, quien, a todas luces, está desatendiendo su deber de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del Meta.
La comunidad merece respuestas y acciones contundentes en pro de la seguridad, en lugar de excusas y señalamientos infundados.
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