El gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, se reunió el 7 de junio de este año con Duque, este par de inútiles se reunieron para hablar de la situación del país.
Sin embargo, recientemente, el gobernador Roberto Jaramillo ha ganado prominencia en los medios al expresar críticas hacia el gobierno del presidente Petro.
Sus declaraciones reflejan una serie de puntos recurrentes que suelen ser esgrimidos por aquellos afines a las posturas uribistas más críticas.
Uno de estos puntos concierne a la seguridad del país.
En anteriores informaciones, como lo compartido en La Verdad, se ha señalado que los gobernadores disponen de un importante presupuesto denominado FONSET destinado a la seguridad en sus respectivos departamentos.
Sin embargo, se destaca que Jaramillo y otros gobernadores parecen no estar haciendo uso eficiente de este presupuesto, prefiriendo atribuir la responsabilidad al gobierno de Petro en lugar de ejercer su propio liderazgo.
Además de estos aspectos, resulta relevante mencionar que el gobernador Roberto Jaramillo ha enfrentado complicaciones legales este año.
La Fiscalía ha imputado en su contra cuatro cargos, relacionados en su mayoría con supuestas implicaciones en delitos tales como coautoría en contratos que no cumplían con requisitos legales, peculado por apropiación agravado y participación en un delito de fraude procesal continuado en calidad de interviniente.
Los señalamientos en torno al mandatario de Quindío están vinculados a alegaciones de irregularidades en la concesión de un terreno público a una entidad privada, en la cual Jaramillo habría tenido participación durante el año 2007.
Estos políticos como Roberto Jaramillo quieren ahora pasarse como los salvadores de la patria, sin embargo, resulta irónico que estas figuras se encuentren bajo la sombra de acusaciones por corrupción.
Tales comportamientos generan dudas en cuanto a la integridad y verdaderas intenciones de aquellos que pretenden liderar y salvaguardar los intereses de la comunidad.