Desde que el presidente Petro asumió el cargo, ha implementado políticas que marcan un cambio significativo en la perspectiva de seguridad nacional.
Una de sus primeras y más impactantes decisiones fue poner fin a la práctica de bombardear zonas habitadas por niños, un enfoque que había causado consternación y repudio en el pasado.
Un acontecimiento reciente que destaca este cambio se produjo en un enfrentamiento ocurrido el ayer 20 de agosto en Tumaco, Nariño.
Durante esta operación, las Fuerzas Militares de Colombia lograron la captura de cuatro miembros pertenecientes a la estructura Urías Rondón del Ejército del Movimiento Campesino (EMC).
A su vez, lograron rescatar a cuatro menores que habían sido cooptados por esta organización criminal, un acto que subraya la importancia de salvaguardar el bienestar de los niños en medio de los conflictos armados.
Además de este rescate humano, se incautaron ocho fusiles, seis pistolas y una cantidad significativa de otro material bélico.
Es notable como este acontecimiento marca un contraste radical con el pasado, en el que la estrategia militar incluía acciones que ponían en riesgo la vida de niños inocentes.
Durante la gestión del anterior gobierno, presidido por Duque, se llevaron a cabo bombardeos que afectaron áreas habitadas por menores, una política que generó rechazo a nivel nacional e internacional.
En aquel entonces, el entonces Ministro de Defensa, Diego Molano, intentó justificar estos incidentes al calificar a estos niños como “máquinas de guerra”, una justificación que fue ampliamente cuestionada y repudiada.
El gobierno actual, liderado por el presidente Petro, ha demostrado un firme compromiso con los derechos humanos y la protección de la infancia en el contexto de la seguridad nacional.
El rescate exitoso de los menores reclutados por grupos criminales y la captura de sus perpetradores son ejemplos concretos de cómo se está buscando un cambio radical en la forma en que se aborda el conflicto armado en Colombia.
Estos avances representan un paso hacia un futuro en el que los derechos y la seguridad de los niños se sitúan en el centro de las políticas de seguridad y justicia.
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