El Presidente Petro ha implementado medidas con el propósito de brindar mayores garantías a aquellos que deseen participar en marchas.
Una señal clara de este cambio es la reciente promulgación de una ley que prohíbe enérgicamente el uso de animales por parte de las fuerzas de seguridad para disuadir manifestaciones, disturbios y tumultos.
Esta medida trascendental marca un paso importante hacia la protección de los derechos humanos y la seguridad ciudadana en medio de contextos de protesta.
En particular, el uso previo de caballos y perros para controlar multitudes había suscitado preocupaciones considerables debido a los riesgos inherentes.
Los perros, en especial, habían causado inquietud debido a la naturaleza de sus ataques, que a menudo resultaban en lesiones graves y heridas significativas para las personas afectadas.
De manera similar, los caballos, por su tamaño y fuerza, podían suponer un peligro real para los manifestantes, pudiendo causar daños físicos graves e incluso pérdidas de vidas humanas en situaciones extremas.
La nueva normativa, al prohibir tajantemente el uso de animales con fines represivos en manifestaciones, se erige como un escudo protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos y fomenta un ambiente seguro y propicio para la expresión legítima de las demandas sociales.
Además, esta ley establece una disposición innovadora al exigir la creación de un “programa de retiro”, cuyo objetivo es garantizar la transición hacia una vida adecuada y digna para los animales que anteriormente eran empleados en estas tareas.
A partir de esta transformación en la política de seguridad, los perros de las fuerzas de seguridad desempeñarán un papel diferente, concentrándose en labores especializadas como la detección de drogas y explosivos.
Esta redefinición de sus funciones refleja un enfoque más equilibrado y respetuoso hacia los derechos y la seguridad tanto de los ciudadanos como de los animales involucrados.
En conjunto, estas medidas marcan un hito en el compromiso del Presidente Petro con una sociedad más inclusiva y justa, en la que el ejercicio de los derechos fundamentales y la protección de los valores éticos se sitúan en el centro de la acción gubernamental.
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